El Ejecutivo atiende así las reclamaciones del conjunto de las Comunidades Autónomas que han manifestado su rotunda oposición a esta normativa.
Se trata de dar seguridad jurídica a las Comunidades Autónomas y de evitar conflictos sociales, económicos o territoriales injustificados.
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| Salvelino |
Se atiende así las inquietudes de las Comunidades Autónomas que, en sucesivas reuniones con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, han advertido de los problemas e indefiniciones jurídicas que el actual Real Decreto ha mostrado en su aplicación desde su entrada en vigor el pasado 13 de diciembre.
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